Washington, 4 dic (Prensa Latina) La decisión de una corte federal que ordena al estado norteamericano de Texas retirar una barrera flotante sobre el río Bravo es considerada hoy un golpe a las políticas antiinmigrantes del gobernador republicano Greg Abbott.
El fallo del Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito exige a ese estado fronterizo con México detener cualquier obra en la barrera de aproximadamente 300 metros, lo cual ratifica un veredicto que emitió una instancia inferior en septiembre.
Sin embargo, Abbott publicó un comunicado en X calificando el fallo del viernes de «claramente incorrecto» y dijo que junto al fiscal General del estado, Ken Paxton, buscarán una nueva audiencia inmediata y que si es necesario irá hasta la Corte Suprema «para proteger a Texas de las fronteras abiertas de Biden».
El muro de boyas se desplegó en el río Grande en Eagle Pass este verano y desde un inicio recibió fuertes críticas tanto dentro del país como de México.
En su decisión 2-1 el panel determinó que el río es navegable donde se colocó la hilera de boyas y eso es «una obstrucción», lo que significa que Texas necesitaba recibir permiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, que es el responsable de regular las actividades en vías fluviales y humedales según la ley federal.
En julio, el Departamento de Justicia demandó a Texas en un tribunal federal de Austin, argumentando que la barrera se instaló sin la autorización federal requerida.
Texas argumentó que la medida tenía el objetivo de dirigir a los migrantes a puntos de entrada apropiados y frenar los cruces ilegales, así como el contrabando de drogas, pero en septiembre el juez de distrito federal David A. Ezra, con sede en San Antonio, dictaminó debía eliminarse esa barrera.
El estado también es cuestionado por la Ley SB 4 -que entrará en vigor en febrero- la cual hará que en Texas se considere un delito menor cruzar ilegalmente la frontera que separa a ese territorio estadounidense de México.
Además, de forma arbitraria empoderará a oficiales de policía para que arresten a los inmigrantes indocumentados y hasta da facultades para expulsarlos.
Según recuerdan medios locales, una parte de dicha ley -un de las más duras en materia de migración en el país- ya fue firmada por el gobernador a finales de noviembre.
«Estamos molestos con los gobernadores republicanos, pero también con los demócratas», dicen activistas.
El presidente Joe Biden nos prometió una reforma en los primeros 100 días de su gobierno y ya va para su cuarto año sin cumplir, alegan y eso sin contar -advierten. que ya estuvo ocho años como vicepresidente de Barack Obama (2009-2017).